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Sumario: 1. Planteamiento inicial. 2. Bases constitucionales y encuadre político-jurídico y económico de la iniciativa. 3. La doble dimensión de la iniciativa: participación y titularidad. 4. Reordenación normativa de la intervención de las personas trabajadoras en las decisiones empresariales. 4.1. Derechos esenciales de información, consulta e intervención. 4.2. Reforma de la unidad de constitución de los órganos legales de representación colectiva laboral. 4.3. Refuerzo de la intervención laboral en contratas, subcontratas y cadenas de valor. 4.4. Ampliación de la intervención laboral en los grupos de empresas. 4.5. Nuevas delimitaciones conceptuales de los derechos de información, consulta y participación. 4.6. Fortalecimiento de la voz laboral en los procedimientos consultivos. 4.7. Mayor participación laboral ante la inteligencia artificial y la sostenibilidad medioambiental. 4.7.1. Los desafíos de la utilización de la inteligencia artificial y la capacidad atribuida a la representación legal de los trabajadores en la Propuesta. 4.7.2. Los medios para la voz: la asistencia de expertos en materia de IA y sostenibilidad medioambiental. 4.8. Intervención laboral en la transformación del modelo productivo 4.9. Participación en empresas sin representación legal y requisitos electorales orientados a facilitar la voz laboral. 5. Conclusiones.
1. Planteamiento inicial
La propuesta de ley para la promoción de la participación de las personas trabajadoras en las empresas españolas que se analiza en este trabajo se inserta en una línea de reformas que pretende actualizar, intensificar y sistematizar las formas de democracia económica reconocidas en el ordenamiento español. Tras más de un año de trabajo, la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo entregó su informe al Ministerio de Trabajo y Economía Social de España en febrero de 20261 , informe titulado “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”. El Informe daba cumplimiento al encargo de elevar una propuesta que diera cumplimiento al mandato constitucional (art. 129.2) dirigido a los poderes públicos a fin de promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.